En España no suele suceder que los partidos de la derecha deroguen leyes ideológicas de la izquierda, pero ha sucedido esta semana en las Cortes de Aragón, donde el PP (28 diputados), Vox (7) y el PAR (1) han derogado la llamada «Ley de Memoria Democrática» de 2018, con el voto en contra del PSOE (23 diputados), Chunta Aragonesista (3), Aragón Existe (3), Podemos (1) e Izquierda Unida Alternativa (1).
Aragón se convierte en la primera comunidad autónoma que deroga una ley de «memoria histórica«.
Era uno de los puntos del acuerdo de gobierno que firmaron el Partido Popular y Vox en Aragón el pasado mes de agosto y este jueves se ha materializado en las Cortes.
Se deroga esta ley autonómica de 2018, cuyos críticos señalan que imponía una «visión partidista de la Historia» y un «relato ideológico de parte«.
Según el texto presentado por PP y VOX, la ley de 2018 imponía «un relato oficial», idealizaba a la Segunda República, condenaba los crímenes de un bando de la Guerra Civil mientras «relativizaba los cometidos por el otro» y limitaba «la definición de víctimas» a aquellos que fueron asesinados y sufrieron represión por una parte pero no por la otra.
PP y VOX aducen que no corresponde al legislador «construir un relato histórico«, sino que se debe permitir que se analicen los datos históricos con «plena libertad» sin consignas ni censuras.
La izquierda usará la ley estatal y la diputación
José Luis Soro, de Chunta Aragonesista, ha afeado al PP su incoherencia por votar contra artículos y disposiciones de la ley que sí apoyó en 2018. «Es un éxito rotundo de VOX», ha enfatizado Soro.
Andoni Corrales, de Podemos, ha asegurado que él se va a asegurar personalmente de que se cumpla la otra ley de memoria histórica, la estatal, «punto por punto» en todos los pueblos de Aragón».
La socialista Teresa Ladrero, vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, ha asegurado que desde la diputación financiarán las partidas de memoria histórica que el Gobierno aragonés ya no atiende: la diputación tenía previsto dedicar 200.000 euros a memoria histórica, y ahora promete subir el total hasta 450.000 euros.
Ley citada para intentar retirar las bombas del Pilar
La Ley de Memoria de Aragón se ha usado desde la izquierda laicista para intervenir en espacios sagrados y religiosos.
Un caso sonado pero fracasado fue el de Carles Mulet, en el Senado de España, del partido valenciano Compromís, activamente anticlerical, que invocando la Ley de Memoria Democrática de Aragón apoyó a un ciudadano que inició trámites para que se retiraran de la Basílica del Pilar las bombas de bombarderos que se exhiben allí como recuerdo de su caída en el templo sin explotar durante la guerra en 1936.
Las dos bombas exhibidas en el Pilar bajo banderas de países hispanos, que cayeron sobre la basílica pero no explotaron. Aunque el senador valenciano Carles Mulet hizo campaña para retirarlos, las autoridades autonómicas consideraron que tenían valor religioso, no político.
Para Mulet esas bombas eran «símbolos de exaltación franquista porque estaban legitimando la dictadura y por eso se hicieron varios requerimientos a Ayuntamiento, Gobierno de Aragón y de España para su retirada».
Al final, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón decidió que las bombas que llaman la atención de tantos visitantes «no infringen la Ley de Memoria Democrática ya que que su exposición tiene como fin conmemorar el hecho ocurrido desde una perspectiva religiosa, porque fueron arrojadas en un lugar destinado al culto religioso como es la Basílica del Pilar». Tampoco se opusieron a la placa que se encuentra entre ambas bombas que «únicamente menciona la fecha en la que fueron arrojadas».
Había otra placa en el coro mayor de la Basílica mencionando peregrinaciones de los años 40 en agradecimiento a la Virgen por la victoria en la Guerra Civil: ahí Patrimonio sí hizo tapar «las tres primeras líneas» consideradas «símbolo de exaltación franquista».
Cambios en iglesias
En marzo de 2023, el Departamento de Cultura de Aragón, en respuesta a una pregunta ciudadana detalló que desde 2018 las diócesis en Aragón han retirado 23 placas o lápidas en iglesias con «inscripciones franquistas», y en las calles se han retirado 134 inscripciones o nomenclaturas con «personajes vinculados a la represión franquista».
Las placas estaban en 23 pequeños templos de cuatro diócesis aragonesas: 5 de la de Jaca, 2 de la de Tarazona, 5 de la de Teruel y 11 de la de Zaragoza. Usaban la expresión «Caídos por Dios y por España».
En varios templos se ha cambiado el texto para abarcar a más víctimas de la guerra: por ejemplo, “Torres de Berrellén en memoria de todos sus hijos muertos en contiendas”, o “El pueblo de Ariño, en memoria de todas las personas que perdieron la vida en una contienda que nunca debió suceder. Con la esperanza de que la Humanidad aprenda a solucionar sus diferencias sin emplear jamás la violencia 1936-1939”.
La diócesis de Barbastro es la única en la que no consta, según la respuesta, la retirada de ningún símbolo. Barbastro es la diócesis de España donde más sangrienta fue la persecución contra su clero a manos de comunistas y anarquistas: el 84% de su clero fue localizado, cazado y asesinado.
¿Qué pasará en otras autonomías?
En las últimas elecciones autonómicas, VOX logró una fuerte implantación en varias comunidades (casi 2 millones de votos, 112 diputados autonómicos, entre el 7 y el 13% del voto en muchas autonomías) y empezó a pactar con el PP la retirada o modificación de «leyes ideológicas».
En Cantabria, el PP gobierna en minoría: en septiembre los populares dieron sus votos a la proposición no de ley presentada por Vox para redactar una nueva norma que sustituya la actual.
En Extremadura, se ha hablado de impulsar una nueva ley de “reconciliación y concordia real”, que respete “la memoria de todos los extremeños y españoles”, según se recoge en el pacto entre PP y Vox. Esta fórmula también se ha escrito así en los acuerdos de Baleares o en la Comunidad Valenciana.
PUBLICADO ANTES EN «RELIGIÓN EN LIBERTAD»
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