Un grupo de 112 congresistas estadounidenses, de la mano de líderes pro-vida, ha pedido a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) analizar los recursos federales destinados a proveedores de abortos durante los últimos tres años. La solicitud surge tras un informe que detalla la asignación de casi 1.900 millones de dólares a dichas organizaciones.
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