El Gobierno español está impulsando a través del grupo parlamentario socialista una proposición de ley titulada “Ley de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”.
Muchos han señalado que se trata de una maniobra del Partido Socialista para controlar o amedrentar jueces. Entre los críticos está la asociación Corriente Social Cristiana (CSC), que impulsa una visión cristiana en la vida pública y política y analiza esta proposición de ley en una nota de prensa.
Según la Corriente, esta proposición «profundiza en la degradación del Estado de derecho, convirtiéndolo en un Estado de leyes: se aprueban normas que no necesariamente garantizan derechos ni limitan el poder, sino que pueden utilizarse para legitimar la concentración de poder y obstaculizar controles democráticos».
«El procedimiento elegido (proposición de ley en lugar de proyecto) elude la intervención de órganos consultivos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial, con la aparente finalidad de evitar informes críticos», detalla la Corriente.
El Gobierno de Pedro Sánchez usa esa técnica con mucha frecuencia: la usó también en el caso de la eutanasia para evitar el debate.
Encuentro fundacional de Corriente Social Cristiana en febrero de 2024 en Abat Oliba, Barcelona.
Corriente Social Cristiana enumera estas críticas a la proposición socialista:
Prohibición de la acusación popular a partidos políticos o fundaciones vinculadas. Restringe un mecanismo constitucional (art. 125 CE) que permite a la ciudadanía y colectivos promover acciones penales. Esta limitación puede interpretarse como un intento de blindar al gobierno frente a investigaciones por corrupción u otros delitos que afecten al interés general.
Restricción de la acusación popular a la fase de juicio oral. Al excluirla de la instrucción, se merma la capacidad de proponer diligencias y ampliar pruebas, debilitando un control eficaz contra abusos de poder.
Impedir denuncias basadas en información periodística. Aunque se pretende evitar querellas infundadas, podría impedir pesquisas derivadas de denuncias periodísticas relevantes. Además, se limita la autonomía del juez para decidir cuándo abrir investigación, afectando la separación de poderes.
Apartar a jueces por declaraciones favorables a partidos. La imparcialidad judicial es esencial en un Estado de derecho, pero la norma puede aplicarse arbitrariamente si sus criterios no están claramente definidos, y coartar la libertad de expresión a la que tienen derecho los jueces.
Supresión del delito de ofensas contra sentimientos religiosos. Al mismo tiempo que se restringen garantías procesales, se elimina este delito sin diálogo con las confesiones religiosas, ignorando la cooperación constitucionalmente reconocida (art. 16 CE). Además, que esta medida forme parte de un paquete con motivaciones políticas más amplias y no como fruto de un debate específico y profundo acerca de la libertad religiosa y de expresión, lo convierte en una iniciativa asimismo de política de partido. La reforma de un delito con tanta carga simbólica requeriría un debate autónomo y amplio en el Congreso y la sociedad, para garantizar su legitimidad democrática y no verse arrastrada en una “ley ómnibus” con medidas heterogéneas. Finalmente, el texto introduce disposiciones con efectos retroactivos, lo que favorecería a personas cercanas al presidente, alimentando la percepción de que se trata de una ley a la medida.
A modo de resumen, Corriente Social Cristiana detalla que esta iniciativa:
Limita la participación ciudadana en la justicia.
Restringe la libertad de prensa y la investigación periodística.
Socava la autonomía judicial con criterios de apartamiento ambiguos.
Desvirtúa el interés general al supeditar la ley a fines políticos puntuales.
Por todo ello, resulta una propuesta inaceptable que devalúa los principios de un verdadero Estado de derecho en España, añade la asociación, que nació en febrero de 2024 y es, en parte, heredera de la veterana asociación E-Cristians que se integró en la Corriente.
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PUBLICADO ANTES EN «RELIGIÓN EN LIBERTAD»
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