El Defensor del Pueblo y ex candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, continúa su gira de entrega del informe sobre abusos en la Iglesia católica, cada acto con su correspondiente repercusión mediática. El 27 de octubre lo puso de largo en el Congreso de los Diputados ante su presidenta, Francina Armengol. El 2 de noviembre se lo llevó a Pedro Sánchez al Palacio de La Moncloa. El día 8 lo recibió de sus manos el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y el día 21, el presidente de la Confer (Confederación Española de Religiosos), Jesús Díaz Sariego.
Pero este jueves, la repercusión mediática del informe ha ido por otro camino. José Ramón Navarro-Pareja desvela en el diario ABC que «un grupo de católicos» le ‘coló’ un caso falso a Gabilondo.
El caso «fake»
Se trata del llamado «testimonio 359», en la página 246 del informe. Recoge los abusos sufridos en 1991, a manos de un catequista (un ficticio ‘Emi’ apodado o apellidado ‘Flores’), por un inexistente -y entonces adolescente- Sergio Gámez en una parroquia del barrio madrileño de Aluche que dejó de existir en 2018.
El testimonio fue recogido por la Unidad de Atención a Víctimas creada por Gabilondo y la única prueba aportada fue el propio correo electrónico dirigido a ella donde se relataban los supuestos hechos. No hubo entrevistas personales ni mayor verificación.
El falso caso había sido enviado antes a El País (que llevaba a cabo su propia investigación), y este diario lo publicó y lo entregó a Gabilondo. Es más: el caso fue incluido por la conferencia episcopal en su propia investigación, trasladada a su vez también al Defensor del Pueblo.
«Nuestro único objetivo era comprobar si las sospechas sobre el modus operandi de estas investigaciones eran ciertas», declara Alfredo Fernández, portavoz de ese grupo de católicos que, en el verano de 2022, decidieron esta estrategia al ver el sectarismo y los métodos con los que se estaba actuando.
«El foco se debe poner en los malos procedimientos en la investigación, que hemos conseguido demostrar con esta acción», añade Fernández, pero «de ningún modo queremos denostar a las verdaderas víctimas, que las ha habido y es muy doloroso«. Su pretensión es que «se descubra cuales son víctimas de verdad, para así poder ayudarles con la reparación necesaria, porque pensábamos es que detrás de esto sólo había una campaña ideológica, en la que no importaban las víctimas, sino denostar a la Iglesia«.
Sensación «agridulce»
La denuncia arrancó el 21 de julio de 2022 con un correo electrónico desde una cuenta gratuita, donde el denunciante describía lo supuestamente acaecido. Pedía discreción. Los periodistas de El País pidieron algunos detalles, y ellos contestaron el 2 de agosto resolviendo dudas. No hubo más hasta finales de noviembre, cuando le pidieron a ‘Sergio’ el nombre del juez del tribunal de la Rota que, según el testimonio, habría declarado la nulidad del matrimonio de la víctima, roto como consecuencia del trauma dejado por aquellos abusos.
Los denunciantes dieron evasivas y no hubo más contacto, hasta que el 14 de diciembre el diario informó a ‘Sergio’ de que su historia sería incluida en el trabajo que estaban realizando. El 31 de enero de 2023 le invitaron a participar en la investigación de Gabilondo, cuya Unidad de Víctimas contactó con él para enviarle un cuestionario, que respondió. El 7 de julio su caso salió publicado en El País, y el 27 de octubre en el informe del Defensor del Pueblo. ‘Sergio’ nunca atendió las peticiones del diario y de la Unidad de Víctimas para una llamada telefónica.
La sensación de los participantes en esta iniciativa es «agridulce«, recoge ABC. Habían logrado demostrar que un caso «totalmente ficticio» era admitido por El País, el Defensor del Pueblo y la Iglesia sin haber sido contrastado. Pero, añaden, «nos queda la duda de cuántos más puede haber en ese informe, lo que nos hace dudar de su credibilidad y acaba dañando a las verdaderas víctimas«.
¿Una investigación ilegal?
Pero esa credibilidad ya venía siendo cuestionada desde que comenzase la investigación por parte del Defensor del Pueblo, una institución cuyo mandato constitucional, como comisionado de las Cortes Generales, es «supervisar la actividad de la Administración» en defensa de los derechos fundamentales. La ley orgánica que regula su actuación establece, en su artículo 9.2, que «las atribuciones del Defensor del Pueblo se extienden a la actividad de los ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las Administraciones públicas«.
El portal del Defensor del Pueblo presenta en cabeza de las ‘Últimas noticias’ la más antigua de las que muestra en pantalla. (Captura realizada a las 18:37 del 23-11-23.)
En consecuencia, la petición que le cursó el Congreso de los Diputados, de investigar a una institución privada como la Iglesia, y solo a ella, es «ilegítima», según Josep Miró i Ardèvol, ex conseller de la Generalitat catalana y presidente de E-Cristians. Al no estar sujeto a mandato imperativo y actuar «con autonomía y según su criterio», según establece dicha ley (art. 6.1), debió rechazar el encargo.
Máxime cuando, según estudios que ya eran conocidos como el de la fundación especializada ANAR y según los datos que figuran en el propio informe del Defensor del Pueblo, la Iglesia es responsable de una exigua minoría de los casos de abusos denunciados.
Por todas estas irregularidades, pide Miró que Gabilondo dimita.
Michavila: «Un delirio estadístico»
En cualquier caso, el ‘gol’ colado por el ‘fantasma’ de Sergio Gámez afecta también a El País, diario que ha contribuido de forma decisiva al otro gran escándalo suscitado por este informe: la extrapolación de los datos de la encuesta que el Defensor del Pueblo encargó a GAD3. Ésta atribuye el 0,63% de los casos de abuso a sacerdotes y religiosos.
Con notable sincronía, enseguida se fabricó con ese dato, extrapolando al conjunto de la población española, la noticia de que 440.000 españoles habían sufrido abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Una extrapolación por la que el periodista de ABC que ha desvelado el caso fake, José Ramón Navarro-Pareja, interrogó a Gabilondo el 27 de octubre, sin que el ex ministro socialista de Educación la desmintiese.
Narciso Michavila explica por qué es falsa la cifra de 440.000 personas a partir del minuto 9:47.
Este martes, el propio responsable de la encuesta, Narciso Michavila, presidente de GAD3, declaraba a Carlos Herrera en la COPE que esa cifra es «un delirio estadístico» y un número imposible: «No había curas suficientes en España en los años 60 y 70 (que es cuando se han cometido la inmensa mayoría de los delitos de pederastia en España y en Occidente en general) para tantísimo delito», dado que el número total de sacerdotes y religiosos en ese periodo fue de 72.000.
Petición al defensor del lector
Por la manifiesta manipulación de hablar de 440.000 víctimas a raíz de un informe que ha encontrado 487, E-cristians ha lanzado una campaña de denuncia con cartas a los defensores del lector de El País, Soledad Alcaide (pincha aquí), y La Vanguardia, Joel Albarrán (pincha aquí), para pedirles una rectificación, dado que son sus principales -aunque no únicos- propaladores.
La primera de todos, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien ese mismo día lanzó el bulo en Twitter (X) de que «el informe concluye que 440.000 personas en España han sido víctimas de pederastia en la Iglesia católica», a sabiendas de que el informe en ningún momento concluye eso.
En su página 36 apunta que «la Comisión Asesora considera que no ha formado parte de su cometido hacer un cálculo del número de personas afectadas por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Ni siquiera se ha propuesto realizar una aproximación a esta cantidad».
PUBLICADO ANTES EN «RELIGIÓN EN LIBERTAD»
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