El truco legal de la era Biden contra activistas provida: la «conspiración contra derechos»

La mayoría de los activistas provida que se manifiestan en Estados Unidos ante clínicas abortistas lo hacen a una cierta distancia de la entrada, con carteles, canciones, himnos, o bien se acercan y entregan folletos o ofrecen ayuda a las embarazadas en la puerta. Para las empresas abortistas en EEUU es difícil contrarrestar estos manifestantes, protegidos por la libertad de expresión y reunión.

Pero hay otro tipo de activistas, que consideran que deben ejercer «desobediencia civil», también con una dimensión de denuncia y profecía, ante la terrible crueldad del aborto. No ejercen violencia contra personas, pero sí pueden encadenarse a la entrada de la clínica, o sellar la puerta, o simplemente sentarse en ella dificultando la entrada. No es muy distinto a lo que hacen muchos otros activistas en protestas sindicales, antirracistas, contra empresas que contaminan, etc…

Pero el tema del aborto es especial y los fiscales pro-aborto de la era Biden, tras la sentencia Dobbs que devuelve a cada estado la capacidad de legislar sobre el aborto, acaban de crear un nuevo «monstruo» jurídico combinando dos normas federales previamente existentes pero que apenas se invocaban: la ley de Bill Clinton de hace exactamente 30 años de acceso a clínicas (la FACE, Freedom of Access to Clinic Entrances Act, de 1994) y el delito «conspiración contra derechos», muy antiguo, y que sirve casi para todo.

El truco de la «conspiración»: ¡cárcel aunque estuvieras en otra ciudad!

El texto de la «conspiración contra derechos» castiga con hasta 10 años de cárcel si «dos o más personas conspiran para herir, oprimir, amenazar o intimidar a cualquier persona […] en el libre ejercicio o disfrute de cualquier derecho o privilegio que le asegure la Constitución o las leyes de EEUU, o por haberlo ejercido». El derecho federal asegurado no sería abortar (la sentencia Dobbs dejó claro que no existe un derecho federal al aborto) sino la libertad de entrar en clínicas abortistas.

Lo que hace esta norma especialmente cruel contra los manifestantes provida es que no sólo castiga al que se encadena a la puerta o al que se sienta impidiendo el paso, sino también a sus camaradas que le filman, o que le animan, o incluso a uno que participara en una reunión planificando el acto pero que durante los hechos esté a cien kilómetros rezando en su parroquia.

Es «conspiración», y «conspiración» sirve para casi cualquier cosa: si lo sabía y lo aprobaba, aunque no estuviera en el lugar de los hechos, ¡conspiraba! Y se arriesga a los 10 años de cárcel igual.

Una oleada post-Dobbs

Antes de 2021 casi nunca un fiscal intentaba juzgar a manifestantes provida por la ley FACE de obstrucción de acceso a clínicas, y apenas se daban un caso o dos al año en la última década, según recuerda Christianity Today. Además, las penas solían ser de uno o dos años.

Pero desde la sentencia Dobbs, los fiscales pro-aborto insisten en esta táctica: más de una docena de manifestantes han sido condenados por delitos federales en el último año y enfrentarían a sentencias de más de 10 años aludiendo a la supuesta «conspiración». Ocho activistas más llegan a juicio en Michigan en abril.

Los seis activistas condenados en Tennessee hace pocos días declararon que se limitaban a cantar himnos y orar en el pasillo de un pabellón médico fuera de la clínica. Un oficial de policía testificó en el juicio que los manifestantes eran pacíficos, según The Tennessean, pero se negaban a irse. Fueron condenados por “obstruir el acceso a los servicios de salud reproductiva”. Calvin Zastrow, cristiano, uno de los manifestantes provida condenados en Tennessee, explica que otras veces antes ya le condenaron, pero entonces solía ser por allanamiento o alteración del orden público.

Ed Mechman, un ex fiscal federal, comentaba en su blog que la acusación de «conspiración» es especialmente perversa y sirve para perseguir grupos enteros. Por ejemplo, alguien supo en una reunión que se haría una manifestación de oración a cierta distancia de una clínica, y la publicó en redes animando a participar, o invitó a amigos, pero alguien del grupo luego se sienta en la puerta e impide el paso a la clínica: todos, desde el que lo anunció en redes hasta el que lo ve de lejos serán acusados de participar en la conspiración.

«Diseñado contra la desobediencia civil provida»

En agosto y septiembre de 2023, ocho manifestantes fueron condenados en Washington DC por esta combinación de FACE y «conspiración». Algunos de ellos entraron en la clínica sin permiso, la bloquearon, y según el fiscal al entrar hicieron que una enfermera tropezara y se torciera un tobillo. Llevan 4 meses en la cárcel, esperando sentencia.

Uno de ellos, Jonathan Darnel, ni siquiera entró en la clínica, transmitía en vivo el incidente desde fuera, pero también para él le piden 11 años de cárcel. Jonathan Darnel lo ve claro y así lo declara a Christianity Today: «FACE fue diseñado para acabar con la desobediencia civil provida».

Fray Fidelis, de los Franciscanos de la Renovación, cerró una clínica abortista con cadenas y 6 candados, le han condenado a 6 meses de prisión. Los Franciscanos de la Renovación son «tipos duros», acostumbrados a barrios difíciles, y en prisión podrá evangelizar.

Otro caso relevante y muy difundido es el de fray Fidelis Moscinski, un fraile de los Franciscanos de la Renovación (los famosos «franciscanos del Bronx»), de 53 años. Nunca ha dañado a nadie, pero por cerrar una clínica abortista y su garaje con cadenas y 6 candados, y luego bloquear la puerta con su cuerpo, se le aplica la FACE y 6 meses de prisión (la primera pena por esta norma es de 6 meses). Además, por otras acciones similares pero con otro formato legal se le castiga con otros 3 meses más.

Centros provida atacados y quemados: ¿qué hacen los fiscales?

Los abogados provida critican que los fiscales del Departamento de Justicia muestran gran entusiasmo en abrir juicios por «acceso a clínicas» pero no por descubrir y procesar a los que atacan locales provida o centros de atención provida a embarazadas (ha habido docenas de atentados contra estos centros en 24 estados, con vandalismo e incendios, en los dos últimos años).

Los abogados provida quieren llevar este uso abusivo de la «conspiración» y la ley FACE a los tribunales superiores de apelación, pero han de esperar antes a que lleguen las sentencias.

Laura Gies, activista provida de Red Roses, sale tras cumplir 60 días de prisión; piden la libertad del padre fray Fidelis.

Con todo, esta ofensiva judicial funciona sólo contra los que hacen algún tipo de obstrucción verificable y (con la excusa de la «conspiración») contra quienes lo supieran y colaboraran de alguna manera. Pero los grupos como 40 Días por la Vida, que se limitan a orar, cantar o manifestarse a cierta distancia y que hacen firmar a sus participantes una declaración de no realizar obstrucción alguna, siempre podrán seguir sus actividades.

Contra ellos, la industria del aborto y sus abogados en ciertos estados y ciudades intentan generar «burbujas» o zonas de exclusión y órdenes de alejamiento, pero les resulta difícil porque la libertad de expresión y de circulación son muy amplias en el sistema jurídico norteamericano.

PUBLICADO ANTES EN «RELIGIÓN EN LIBERTAD»