18/05/2022

Europa: el financiamiento de las distintas Iglesias

En Alemania, el impuesto eclesiástico es obligatorio para todas las personas adscritas a una Iglesia. Es recaudado por el Estado, que transfiere los ingresos a las Iglesias. Corresponde aproximadamente al 3% de los ingresos fiscales.

Estas cantidades constituyen el principal ingreso de las Iglesias. Se utilizan principalmente para financiar al personal activo en la pastoral y a las numerosas instituciones de salud, sociales o educativas de las Iglesias, que son unas de las principales generadoras de empleo del país. Cuando una persona declara su «salida de la Iglesia» queda eximida del pago del impuesto eclesiástico obligatorio.

Suiza se caracteriza por diferentes situaciones según los cantones. La mayoría de los cantones manejan el sistema del impuesto eclesiástico pagado por las personas físicas, pero también por las empresas. En la Suiza francófona, los cantones de Ginebra y Neuchâtel tienen una separación Iglesia-Estado «al estilo francés».

Vaud y Valais tienen sus propios sistemas de remuneración a través de subvenciones públicas. Al declarar su «salida de la Iglesia», los fieles quedan eximidos del pago del impuesto eclesiástico.

Desde 1939, Austria maneja un sistema de contribuciones eclesiásticas introducido por los ocupantes alemanes, contra el cual los obispos protestaron entonces de forma masiva. La contribución eclesiástica se calcula sobre la base de los ingresos anuales gravables de los miembros de la Iglesia.

Esta contribución es recaudada por las diócesis y se utiliza para financiar las tareas principales de la Iglesia, como la pastoral, el mantenimiento de edificios, los asuntos sociales, la educación, la cultura y la cooperación al desarrollo.

Los aportes realizados a Iglesias y comunidades religiosas reconocidas por el Estado son parcialmente deducibles del impuesto a la renta como parte de los gastos especiales. Además, la Iglesia recibe «pagos de reparación» anuales del Estado, una indemnización por los bienes confiscados durante la era nazi y que no le fueron devueltos posteriormente. En los presupuestos de las diócesis, esta indemnización representa alrededor del 8%.

En Italia, el Estado cobra un impuesto eclesiástico indirecto. Este último se resta del total de los ingresos fiscales sobre los ingresos de las personas físicas. Desde 1984, cada contribuyente puede decidir, en su declaración de impuestos, destinar el ocho por mil fijado, ya sea al Estado o a una de las doce comunidades religiosas que han concertado un convenio con el Estado.

El contribuyente no queda eximido de este llamado «impuesto de mandato» abandonando la Iglesia. Sin embargo, solo el 40% de los contribuyentes indica a quién desea atribuir su parte. En función de esta distribución, el resto es asignado a los beneficiarios designados por el Estado. La Iglesia católica recibe así un poco más del 70% de los ingresos totales.

En España, los contribuyentes deciden voluntariamente, al realizar su declaración de impuestos, si el 0.7% de su contribución tributaria debe destinarse a la Iglesia católica o a fines sociales o culturales.

En Francia, desde la ley de separación de la Iglesia y el Estado de 1905, la Iglesia ya no recibe ninguna subvención del Estado. Depende únicamente de las donaciones de los fieles. Los sacerdotes y obispos reciben alrededor de 950 euros al mes, parte de los cuales son destinados para el pago de alojamiento e incluso de comida. Las iglesias construidas antes de 1905 pertenecen generalmente a los municipios, que son responsables de su mantenimiento.

Las diócesis tienen situaciones económicas muy desiguales según los bienes de los que disponen, el número y la generosidad de los fieles. En los departamentos de Alsacia y Mosela, sigue vigente el concordato napoleónico de 1801. Por lo tanto, las diócesis no son responsables del mantenimiento de los lugares de culto construidos después de 1905, ni de los salarios de los párrocos, que corren a cuenta del Estado.

En Bélgica, desde Napoleón, el Estado financia directa o indirectamente las tareas de la Iglesia a través de diversas disposiciones legales. La remuneración de los ministros de religión es proporcionada por el Estado, así como las pensiones. El financiamiento de las instituciones y proyectos de la Iglesia requiere negociaciones permanentes con las autoridades públicas. Los desacuerdos en los diferentes niveles del Estado pueden, por lo tanto, bloquear permanentemente los proyectos de la Iglesia.

En el Reino Unido, la Iglesia anglicana es la Iglesia del Estado. Veintiséis de sus obispos son miembros de la Cámara de los Lores. Sin embargo, ninguna Iglesia en el Reino Unido recibe apoyo financiero del Estado. Los impuestos eclesiásticos no existen en la isla.

Solo se puede subvencionar el mantenimiento de edificios clasificados como monumentos históricos desde 1979. Las donaciones a organizaciones benéficas registradas también se benefician de ventajas fiscales. Las Iglesias británicas son financiadas principalmente con las donaciones de sus miembros.

Hungría introdujo en 1997/2004 una asignación obligatoria, pero libremente elegida, del 1-2 % de la participación fiscal para fines eclesiásticos, sociales, culturales o humanitarios. El financiamiento de la Iglesia por el Estado, relativamente generoso, también se considera como una compensación por las persecuciones sufridas durante la era comunista.

En Polonia, se toman más de 40 millones de euros al año del presupuesto estatal para abastecer un «fondo eclesiástico». Este fondo fue creado en 1950 para compensar la expropiación de las comunidades religiosas durante la era comunista.

Este último se utiliza para pagar las aportaciones jubilatorias y otras contribuciones a la seguridad social de una gran parte del clero de todas las confesiones, así como los gastos de mantenimiento de las iglesias. Pero no hay un impuesto eclesiástico. Por lo demás, las distintas denominaciones se financian principalmente mediante colectas y donaciones.

En Eslovaquia, la actual coalición gubernamental ha reorganizado la financiación de las Iglesias, y en 2020 derogó una ley que data de la era comunista. Los subsidios a las 18 Iglesias y comunidades religiosas reconocidas por el Estado ahora se pagan según el número de miembros y no de clérigos. El Estado sigue proporcionando los salarios de los sacerdotes, así como los gastos de funcionamiento de las sedes de las Iglesias.

El financiamiento de las Iglesias varía según los países europeos. Mientras que, en la mayor parte del mundo, el funcionamiento de las Iglesias está garantizado por donaciones y otras contribuciones de los fieles, en Europa los acontecimientos históricos, políticos y sociales han dado lugar a grandes diferencias entre países, explicó la agencia católica alemana KNA.

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