Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo y veterano político socialista, ha entregado a la Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, otra veterana política socialista, el informe resultado de más de un año de investigaciones sobre abusos sexuales a menores en entornos de la Iglesia Católica (y sólo de la Iglesia Católica). Armengol acudió con una gran cruz de joyería o bisutería al cuello.
Después, Gabilondo compareció ante la prensa para hablar de esos trabajos, apoyado en la comisión de 18 expertos que colaboraron.
El informe tiene casi 800 páginas y está accesible aquí en PDF en la web del Defensor del Pueblo (incluye un resumen en inglés).
Este informe es fruto de un insólito encargo realizado el 10 de marzo de 2022 por el Congreso de los Diputados (286 votos a favor, 51 en contra y dos abstenciones) para investigar los abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia católica -y sólo de la Iglesia Católica– y el papel de los poderes públicos.
Hay que recordar que la función del Defensor del Pueblo es fiscalizar lo que hacen los poderes públicos, no entidades privadas como la Iglesia: sólo puede justificar su esfuerzo asegurando que busca también estudiar el papel de estos poderes (la expresión «poderes públicos» aparece casi 90 veces en el informe, analiza sus fallos y sugiere líneas de acción).
El Defensor del Pueblo Gabilondo posa con su equipo de expertos ante la prensa al presentar su informe sobre abusos, tras responder muchas preguntas.
El resultado, para muchos, es de total confusión.
La prensa más anticlerical habla de 441.000 víctimas de abusos en entornos eclesiales, pero esa cifra no la da nunca el informe en sí. Es el resultado de extrapolar a partir de un sondeo de GAD3 que encargó la investigación, preguntando a 8.013 mayores de edad residentes en España (4.802 por teléfono, 3.211 online). Según ese sondeo, un 0,6% declararían haber sido abusados en su infancia o adolescencia por un sacerdote, y un 1,13% por otra persona (catequista, monitor, educador) en un ámbito católico. De ahí, las supuestas 441.000 víctimas, extrapoladas a partir de 38 millones de adultos en España.
El informe reconoce que es la primera encuesta-sondeo que se realiza preguntando a la población en general sobre si ha sufrido abusos sexuales en la infancia desde 1994, cuando el Ministerio de Asuntos Sociales hizo una similar, pero mucho menor. Según este sondeo de 2023, 1 de cada 10 españoles habrían sufrido abusos sexuales en su infancia.
Después, durante más de un año, el Defensor del Pueblo convocó a las víctimas a contactar con la oficina, se anunció en prensa, radio, televisión, todas las asociaciones que trabajan con víctimas lo difundieron… y las personas que han contactado directamente, tras todo este despliegue, declarando haber sufrido abusos, fueron 487.
Esas 487 víctimas con testimonio «tienen un nombre y apellido detrás, no hemos atendido llamadas ni escritos anónimos» (en eso es distinto al estudio portugués, que trabajó con 500 formularios anónimos recogidos por Internet, y solo 34 testimonios cara a cara y 9 por carta).
Abusos sexuales a menores en general, desglosando ámbitos en España.
¿Son 487 casos o 400.000?
En la rueda de prensa, José Ramón Navarro-Pareja, periodista de ABC, preguntó a Gabilondo si «esa discrepancia tan poco científica, de 487 a 400.000, cien mil veces más, resuelve o siembra dudas».
Gabilondo, con tono molesto, respondió: «La encuesta tiene el valor que tiene, que no es poco. Es técnicamente impecable, se ha trabajado con los encuestadores. En la página 19 y 20 damos nuestro concepto de lo que significan los números. El debate al final es entre la encuesta y cuántos han venido ha declarar su testimonio. Por ese camino no iremos muy lejos. ¿Entrevistando a 250.000 personas tendríamos un número exacto? Si 487 no le parecen demasiados… Han narrado su experiencia y debemos agradecer que lo hayan hecho», ha respondido el veterano político socialista, que en su juventud fue clérigo en una congregación dedicada a la enseñanza.
Gabilondo siguió hablando de números y de metodología. «Las diócesis me han dado un número de casos. Las congregaciones religiosas otro. Los sumamos: 1.430 víctimas. Conferencia Episcopal, preguntando en los mismos sitios, nos dio una cifra con 400 personas menos de diferencia. El diario El País tiene 2.223. [En realidad, el informe dice en su páginas 143 que El País registra 1.021 casos con 2.190 víctimas]. Cuantificar estos asuntos es realmente poco fecundo. Los medios de comunicación trabajan con sus criterios. Menciono a El País porque ha enviado hasta 4 veces información al Defensor del Pueblo y a Conferencia Episcopal y al bufete de abogados» (el despacho Cremades, al que la Iglesia ha encargado su propio estudio estudio).
Informe Gabilondo, sobre 8.000 sondeados, 80 varones y 60 mujeres declaran abusos infantiles en entorno eclesial.
«Nosotros hemos encargado nuestra encuesta y no puedo falsear esa encuesta ni meterme con la empresa que lo ha hecho ni decir que se deduce que no es para tanto. Ningún experto dijo ‘no hace falta hacer una encuesta, ya hay otra de otra fundación‘», comentó, en alusión a los estudios de Fundación ANAR que dicen que los abusos en entorno clerical son muy pocos sobre el total de la problemática de abusos en España (aunque ANAR trabaja a partir de las personas que llaman a su teléfono de asistencia).
Para defender el tamaño de su trabajo, señaló que «en Francia entrevistaron a 243 víctimas. Hay que ver cómo se trabajó extrapolando. Los expertos dicen que llega un momentos en que en una investigación con testimonios ya no se obtienen datos nuevos».
(Sobre el informe francés lea aquí su presentación, y aquí el análisis crítico de ReL).
El informe Gabilondo recoge 334 casos de personas que cuentan el abuso que ellos mismos sufrieron.
¿Y Fiscalía que tiene? Entre 20 y 143 casos
Ya que se trata de terribles crímenes, parece lógico que el Defensor del Pueblo hubiera contado con la Fiscalía, a la que, además, dos veces el Fiscal general ha pedido en los últimos años datos sobre abusos en entornos religiosos (al menos no solo católicos). Preguntado por los periodistas acerca de la ayuda recibida de la Fiscalía, Gabilondo reconoció que su oficina no hizo una petición expresa de que la Fiscalía abriera sus archivos, y que su oficina supo sólo de entre 20 y 143 casos conocidos por Fiscalía.
De ahí, saltó a hablar no de los deberes de la Fiscalía (que está equipada con fiscales y policías para detectar criminales) sino de que la Iglesia debería abrir sus archivos.
«La Iglesia nos dice una y otra vez que en los archivos no había gran cosa, pero sería interesante que la Iglesia misma mirara sus archivos y los pusiera a disposición. El Concordato [entre España y la Santa Sede] dice que los archivos de la Iglesia son privados, pero la Iglesia sí puede ver sus archivos y comunicarlos, y eso creemos que debe hacer. Es importante que siga trabajando con los archivos, y si no hay nada, no hay nada que temer», insistió. Pero Gabilondo no pidió nada similar a la Fiscalía.
El Informe Gabilondo encuentra testigos de 27 abusos en el siglo XXI en España (en 23 años, en un país con 23.000 parroquias y entre 1,2 y 1,5 millones de menores en las escuelas católicas).
Lo que viene: un «debate en el Congreso» y «un fondo estatal»
«Es el momento del Congreso, de la Iglesia, del Gobierno, que con este informe tienen datos suficientes para dar respuesta a las víctimas con las medidas concretas que requieren», exhortó Gabilondo.
El Congreso encargó el informe para debatirlo entre los diputados, pero no está claro que ese debate sirva para ayudar a las víctimas si no cristaliza en medidas concretas.
«No hagamos más daño a las víctimas con debates infecundos. Si ellas vieran que todo era un trampantojo para enredarnos con otros debates… Me dirijo al Parlamento, al Gobierno y a la Iglesia para que asuman lo que las víctimas reclaman y adopten las medidas necesarias», pidió Gabilondo.
«Nuestra encomienda nos la hizo un Parlamento con unos diputados concretos, y yo sentía que si era posible tenía que comparecer ante ellos. Me parecía feo que se fueran esos diputados sin pasar yo a contar qué hicimos. Hubo elecciones, continuamos nuestro trabajo, y ahora lo entregamos. Lo presentaremos ante los diputados, ya se lo he dicho a la Presidenta, cuando la Mesa del Congreso nos lo diga. Está entregado, ahora queda el debate en el Congreso».
En entornos eclesiales, los abusos contra niñas y chicas son escasísimos, muestra el Informe Gabilondo; es mucho más frecuente el abuso homosexual de varones adultos contra muchachos.
Entre las medidas concretas, Gabilondo pide crear un «fondo estatal» (de dinero) para compensar a las víctimas. «Me parece imprescindible que la Iglesia colabore activamente y sea parte fundamental del fondo estatal. Le llamo estatal porque interesa que el Estado vele por el proceso, que sea con garantías, transparente. Le toca ejecutarlo al Gobierno y a las Cortes. Es inevitable que la Iglesia colabore económicamente para hacer elementos de reparación. Un organismo deberá establecer quién fue víctima de abusos y qué derechos tiene y qué tipo de reparaciones y ayuda debe recibir, también psicológica. Hay gente que se ha suicidado por estas cosas. Hay personas mayores que no han podido superar el dolor terrible. Y se pueden tomar medidas desde el punto de vista laboral, de contratación en el Estado… Dar estatus de víctima y ver qué derechos otorga eso».
Además del «debate» en el Congreso, el Defensor del Pueblo organizará un «acto público» sobre el informe y la problemática de los abusos. «La Iglesia debería estar presente y el Estado debe estar presente, me parece», dijo Gabilondo, añadiendo que incluso si nadie más acudiera, el Defensor del Pueblo convocaría ese acto.
No se mostró a favor de obligar a la Iglesia a tomar medidas de ningún tema decretando leyes. «La mejor manera de animar a la Iglesia a colaborar es la conciencia social y pública en todos los ámbitos para que abra archivos, muestre lo que sabe y colabore con las entidades que buscan la verdad, justicia, reparación y que no se repita. Que ponga un dinero en el fondo estatal de reparación sería una forma. Y modificar el derecho canónico para que las víctimas tengan un papel preponderante en el proceso, y no sean solamente ‘escuchadas’. Contra toda esperanza de algunos, espero que la Iglesia Católica esté a la altura del desafío y la ocasión que se le brinda».
«Aquí no hay ningún ataque a la Iglesia. Pero se está señalando que hay ámbitos que tienen que cambiar, y lo van a hacer», aseguró el Defensor del Pueblo.
Tipología de abusos sexuales según los testimonios recogidos en el Informe Gabilondo.
Los obispos se reúnen el lunes para comentarlo
Por su parte, minutos antes de comparecer Gabilondo, los obispos españoles anunciaron que el lunes se reunirán para comentar el informe (que con 800 páginas da para mucho estudio).
Lo han comunicado con una nota que declara: «El lunes, 30 de octubre, se celebrará una Asamblea Plenaria Extraordinaria de la CEE en la que los obispos participarán de manera online o presencial. Esta Asamblea, centrada en la cuestión de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia, tendrá dos puntos en el orden del día: el estudio y valoración del informe presentado por el Defensor del Pueblo este viernes en el Parlamento y el estudio de la solicitud del Despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos que viene realizando por encargo de la Conferencia Episcopal».
La Conferencia Episcopal Española reconoció el 1 de junio 927 víctimas de 728 sacerdotes abusadores en el Informe ‘Para dar luz’, un análisis cuantitativo de los datos enviados por las Oficinas de Protección de Menores que se han creado recientemente en las distintas diócesis, con datos sin límite de fecha (hay casos de los años 50 o 60).
El informe tiene casi 800 páginas y está accesible aquí en PDF en la web del Defensor del Pueblo.
PUBLICADO ANTES EN «RELIGIÓN EN LIBERTAD»
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