Josep Miró i Ardèvol: hablar de 400.000 víctimas de abusos en la Iglesia es un «delirio infame»

Un bulo puesto en circulación por El País el 27 de octubre de 2023 continúa siendo acogido por otros medios que afirman combatir las fake news que se difunden por las redes. La Vanguardia lo repicó una vez más el pasado 30 de noviembre, al afirmar que «más de 400.000 personas han sido víctimas de abusos por parte de algún sacerdote o religioso en España», una cifra extrapolada de forma acientífica por el diario madrileño basándose en 90 respuestas a una encuesta de 8000. El sociólogo Narciso Michavila, de GAD3, calificó esa extrapolación como «un delirio estadístico«.

Manipulación total

Además, el diario barcelonés atribuía esa cifra al Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo, autor del informe que supuestamente la respalda. Gabilondo nunca ha dado ese número, aunque tampoco lo ha desmentido y se aprovecha de su impacto.

Él es el responsable de un informe solicitado por el Congreso de los Diputados que se centra exclusivamente en los abusos cometidos en el ámbito de la Iglesia, que son, según la encuesta que el propio Defensor del Pueblo encargó a GAD3, un 0,63% del total. Cifra coincidente, en orden de magnitud con la que recoge la entidad especializada ANAR sobre casos reales, que atribuye un 0,2% de los abusos de menores a sacerdotes.

Por último, La Vanguardia afirmaba que esa cifra convertía a España en «uno de los países europeos que suma más casos».

«Invención descarada»

Josep Miró i Ardèvol, presidente de Corriente Social Cristiana, ha respondido a esta multiplicación de falsedades en un artículo titulado y publicado en Converses a Catalunya, donde lamenta que los mismos medios que levantan el dedo acusador contra las fake news recurran a ese «mecanismo de falsear los hechos cuando les interesa por su línea editorial».

De hecho, califica como «invención descarada» afirmar que Gabilondo ha dado esa cifra de abusos, como «rumor falso que propaga una infamia» la cifra en sí misma y como, sencillamente, «falso» que España figure entre los países que más casos de abuso ha sufrido. Algo que, por otra parte, parece evidente: a pesar de la insistente campaña de los medios sistémicos y del impulso de las instituciones, la cuestión de los abusos no ha tenido el impacto vivido en países como Irlanda, Francia, Chile o algunas diócesis de Estados Unidos.

Y esto ha sido así porque España no es, como asegura La Vanguardia, de los que «suman más casos», sino, responde Miró, «el que tiene menos«.

Al presentar su informe en el Congreso de los Diputados el pasado 21 de noviembre, Gabilondo cifró las víctimas en 674, un 83,5% hombres y un 16,3% mujeres, y reconoció los pasos dados por la Iglesia española tanto para la reparación como para la prevención, a través del plan Priva [Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos].

Sectarismo del Gobierno

Gabilondo también propuso la creación de un fondo estatal de indemnizaciones con participación de la Iglesia, en línea con las pretensiones gubernamentales, expresadas por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de evitar que la Iglesia indemnice por sus propios medios, sin injerencia del Estado.

Los planes del Ejecutivo, apoyados en la labor propagandística del Defensor del Pueblo, pasan, por un lado, por presentar a la Iglesia como única responsable de los abusos de menores, a pesar de que representa una parte muy pequeña del total y de que es la institución que ha respondido más activamente a la atención a las víctimas y a la prevención; y, por otro, por ser el Estado quien controle esos fondos, para presentarlo como pagador de las responsabilidades de la Iglesia.

(Se da la circunstancia de que la presidente del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que recibió sonriente el informe del Defensor del Pueblo en un acto convocado con todo el boato oficial para darle repercusión mediática, era presidente de Baleares cuando en 2019 se descubrió una trama organizada de explotación sexual de menores tutelados en centros de acogida que eran responsabilidad de su gobierno.)

«Delirio infame»

Por todo ello, Miró i Ardèvol califica como «delirio infame» la insistencia en «las 400.000 víctimas»: «Un medio de comunicación normal, es decir, no especialmente sectario, debería haber tenido cuidado con los desmentidos que se produjeron en su momento para no reiterar ahora, con alevosía, esta cifra. Además, si esta normalidad estuviera relacionada con la inteligencia, habría reparado, sin necesidad de información adicional, en el increíble hecho de esta cifra».

En efecto, 400.000 víctimas en ochenta años (el periodo analizado) ofrece una media de 5.000 menores anuales víctimas solo de personas vinculadas a la Iglesia.

Miró compara esa cifra con datos reales: «El Centro de Documentación Judicial, citado por el informe del Defensor del Pueblo, señala los datos de las sentencias dictadas entre los años 1990 y 2022: un total de 146 casos, de los que 131 terminaron con sentencias condenatorias, es decir, 4 casos al año, con 67 culpables, de los que 43 eran sacerdotes, poco más de uno por año, en promedio, a lo largo de los últimos treinta y dos años. Y, además, con una clara tendencia decreciente a partir de principios del siglo, como revelan los datos del Defensor del Pueblo».

«Es realmente escandaloso que se concentre la atención en estas víctimas, mientras que sólo en el 2023 se produjeron 9.185 abusos, de los que a lo sumo un par tenían ese origen. ¿Por qué la atención se centra en esta minoría y no se investigan las 9.183 víctimas restantes?», concluye Miró, antes de invitar a La Vanguardia a rectificar su información «simplemente por dignidad profesional«.

PUBLICADO ANTES EN «RELIGIÓN EN LIBERTAD»