El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo de Abogados Cristianos contra la inclusión de varias cruces en el catálogo de elementos arquitectónicos que supuestamente incumplen la Ley de Memoria Histórica.
En concreto, según informa ABC, la cruz del Parque Ribalta de Castellón (cuya retirada ya había sido considerada ilegal), la Cruz de las Germanías de Elche, la cruz de Morella o la de la avenida Doctor Gadea de Alicante, todos ellos incluidos como elementos a destruir en una resolución de noviembre de 2022 de la consellería de «Calidad Democrática».
Según la sentencia, la «resignificación» de dichas cruces «ha supuesto la desaparición de la connotación que sí pudo haber tenido en sus orígenes», pues ahora «carecen de texto u expresión alguna alineada con la conmemoración, exaltación o enaltecimiento de referencia».
Aplicando esta doctrina, Abogados Cristianos solicitará la revisión de las sentencias que, a diferencia del caso de Ribalta, sí han avalado la retirada de cruces en la región, como la de Callosa de Segura (Alicante), que sí avaló cautelarmente el mismo tribunal.
Una cruz iluminada sustituyó a la cruz de Callosa de Segura, arrancada por el ayuntamiento socialista.
«Esta sentencia es un espaldarazo a nuestra defensa de las cruces en España», afirma Polonia Castellanos, presidente de Abogados Cristianos: «No vamos a permitir ni un derribo más e iniciaremos procedimientos para que regresen a sus emplazamientos todas las cruces derribadas hasta ahora».
[Lee en ReL: La cruz de las Descalzas arrancada por la alcaldesa comunista de Aguilar aparece en un vertedero]
La mayoría de dichas cruces no enaltecen ni exaltan nada si no es a las víctimas de la persecución religiosa desatada contra los católicos en el territorio bajo control frentepopulista durante la Guerra Civil española. Un reciente estudio, que sorprendentemente negaba que dicha persecución se hiciese por odio a la fe, reconoce sin embargo que se trató de un auténtico genocidio.
La Generalitat valenciana, que entretanto ha dejado de estar gobernada por el PSOE para estarlo por el PP, deberá ejecutar la sentencia en un plazo de dos meses.
PUBLICADO ANTES EN «RELIGIÓN EN LIBERTAD»
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