Soy católico y jurista. Como católico reconozco los poderes del Papa –tanto ejecutivos como legislativos y judiciales, usando terminología moderna– en el seno de la Iglesia. Como jurista deseo y espero que el uso de esos poderes se haga conforme a los criterios de la ética jurídica de universal aceptación en el siglo XXI, criterios que derivan del fondo cristiano de la mejor moral fundante de nuestra cultura y que han sido propuestos por la doctrina social de la Iglesia reiteradamente. Por eso, me desconcierta (¿me escandaliza? Sí) que en la Iglesia se usen poderes legítimos sin respeto a los derechos humanos más elementales que la propia Iglesia defiende, preconiza y propone a los poderes estatales, conforme a su misión de defensa de la dignidad humana.
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