El miércoles y jueves de esta semana, la futura fiscal general de Estados Unidos, Pam Biondi (n. 1965), se sometió, como ha ido sucediendo con el resto de altos cargos del nuevo gobierno, a las audiencias de confirmación en el Senado.
Sintonía con Trump
Su nombramiento por Donald Trump en sustitución de su primera opción, Matt Gaetz (quien renunció porque algunos senadores republicanos anunciaron que no le votarían), fue considerado un signo, junto con los de Pete Hegseth como secretario de Defensa, Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud o Tulsi Gabbard como directora de la Inteligencia Nacional, de que Trump sí va a intentar esta vez desmontar el poder oculto del Deep State, el ‘Estado profundo’ que ha dirigido crecientemente los destinos del país desde la Segunda Guerra Mundial con objetivos y criterios no votados por los ciudadanos.
Biondi fue fiscal general de Florida ocho años (2011-2019) y formó parte en 2020 del equipo de abogados de Trump durante el primero de los dos impeachments a los que fue sometido. Durante la primera Administración Trump prestó su asesoramiento contra el tráfico de drogas dentro de la comisión que se creó para luchar contra la crisis que vive el país por el consumo de fentanilo. Y ha formado parte del departamento legal del America First Policy Institute, un think tank creado en 2021 para preparar los objetivos de un segundo mandato por el que empezó a luchar a raíz del discutido resultado de 2020.
Sectarismo en la fiscalía general y el FBI
«Durante demasiado tiempo, el partidista Departamento de Justicia ha sido utilizado contra mí y otros republicanos», afirmó Trump al designarla: «Eso se acabó. Pam volverá a dirigir el Departamento de Justicia hacia el objetivo para el que existe, luchar contra el crimen y hacer que los Estados Unidos vuelvan a ser seguros».
Precisamente la utilización sectaria del Departamento de Justicia por la Administración Biden fue objeto de una batería de preguntas que dirigió a Biondi el senador republicano por Missouri Josh Hawley (n. 1979), educado como metodista y ahora presbiteriano evangélico, quien ha hecho de la libertad religiosa uno de sus principales caballos de batalla.
En 2014, Hawley fue uno de los responsables de la victoria legal de la empresa familiar Hobby Lobby y de la cadena de televisión católica EWTN contra la pretensión de Barack Obama de que los seguros de sus empleados financiasen sus abortos.
Básicamente, Hawley interrogó a Biondi sobre su intención de revertir las políticas persecutorias del gobierno de Joe Biden contra las personas de fe activa y contra los militantes provida, obteniendo en todos los casos un claro «Sí, senador».
El interrogatorio de Josh Hawley a Pam Biondi.
La instrumentalización del Departamento de Justicia y de FBI bajo la actual Administración «no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos», señaló Hawley, quien destacó que, «en los últimos cuatro años, este gobierno ha llevado a cabo ataques y campañas sin precedentes contra las personas de fe«.
Una impactante estadística
Puso un ejemplo muy concreto. Después de la sentencia Dobbs del Tribunal Supremo (que el 24 de junio de 2022 revirtió la abortista sentencia Roe vs Wade), «más de cien clínicas de atención al embarazo y más de trescientas iglesias en este país fueron vandalizadas o atacadas con bombas incendiarias», señaló Hawley: «¿Sabe cuántos procedimientos abrió el Departamento de Justicia del actual fiscal general, Merrick Garland? Un número asombroso: dos. El Departamento de Justicia no movió un dedo para defender a esos ciudadanos«.
Sin embargo, continuó Hawley, al mismo tiempo ese mismo departamento persiguió a 53 activistas provida.
Entre ellos Mark Houck, un padre de familia de Pensilvania a cuya detención, a primera hora de la mañana en su hogar, delante de sus siete hijos, el Departamento de Justicia y el FBI enviaron un equipo del SWAT. Sería posteriormente absuelto de una supuesta agresión a un abortista.
Mark Houck cuenta cómo un leve altercado en Filadelfia en defensa de su hijo ante un abortorio, que se saldó en nada a nivel estatal, fue seguido meses después por una espectacular detención en su domicilio por un equipo de operaciones especiales.
«Este tipo de ultraje tiene que desaparecer», afirmó el senador: «Mi pregunta es si usted va a proteger las iglesias y las clínicas de atención al embarazo cuando sean objeto de violencia o intimidación, o cuando sus miembros o parroquianos sean amenazados mediante la violencia u otros comportamientos ilegales».
«Sí, senador«, respondió Biondi.
Compromiso por la libertad religiosa
Con el mismo laconismo contestó a las preguntas de si pondría fin a semejante trato contra ciudadanos estadounidenses «por razón de su fe religiosa» o a «la persecución deliberada de estadounidenses provida solo por sus convicciones provida«. O a si se comprometía que nada semejante a lo ocurrido a Mark Houck, «una deliberada intimidación a un buen ciudadano a causa de sus creencias religiosas», volverá a suceder.
Hawley la animó a algo más: a investigar, desde su cargo, a quienes han utilizado las instituciones contra las personas de fe y provida violando sus derechos.
Y citó otro caso sangrante que ha sido célebre en los últimos años: el informe del FBI de Richmond (Virginia) de 23 de enero de 2023, que situaba como objetivo de investigación policial las parroquias católicas, con objeto de vigilarlas y espiarlas incluso reclutando infiltrados: «Es un asalto increíble a la Primera Enmienda [que protege la libertad religiosa], y solo lo conocimos gracias a la filtración llevada a cabo por un valiente».
Hawley recordó que el actual fiscal general, Garland, mintió en el Senado al decir que era un caso aislado, pues en ese espionaje estaban implicadas más oficinas del FBI. Y preguntó a su sucesora, obteniendo una respuesta afirmativa, si pondrá fin «al espionaje y reclutamiento de infiltrados en iglesias cristianas o en cualquier templo de cualquier religión solo por razón de fe».
Ante lo que definió como «uno de los abusos más escandalosos por parte del Departamento de Justicia y del FBI» en la historia del país, Hawley preguntó a Biondi si investigaría a los responsables para su eventual sanción o expulsión: «Una de las primeras cosas que haré será abordar ese informe», contestó la fiscal general in pectore.
PUBLICADO ANTES EN «RELIGIÓN EN LIBERTAD»
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