27/01/2022

Proponen como embajadora ante Vaticano a exministra que aprobó nefasta ley de educación en España

, 10 Dic. 21 (ACI Prensa).-
El Gobierno socialista de Pedro Sánchez propuso como embajadora de España ante la Santa Sede a la exministra de Educación Isabel Celaá. Tan solo queda esperar el visto bueno del Vaticano para su nombramiento.

Isabel Celaá fue ministra de Educación y abandonó el Gobierno durante la remodelación que hizo Pedro Sánchez el pasado mes de julio. Fue reemplazada en el ministerio por Pilar Alegría.

Isabel Celaá es la exministra que llevó a cabo la LOMLOE, la reforma de la ley de educación, también conocida como Ley Celaá en referencia a su apellido.

La tramitación de esta ley comenzó durante el periodo de alarma en España provocado por la pandemia de coronavirus y, aunque no contó en su aprobación con el consenso del resto de fuerzas políticas ni de la comunidad educativa, entró en vigor el 19 de enero de 2021.

En esta ley se ataca frontalmente a las escuelas concertadas, que son centros privados que reciben una ayuda estatal y que gracias a eso se hacen asequibles a un mayor número de familias. Un gran número de estas escuelas tienen ideario cristiano.

En esta reforma educativa también la asignatura de Religión fue fuertemente atacada porque no cuenta con una asignatura alternativa y, aunque es evaluable, no se considera para la media del expediente académico.

La ministra Celaá reconoció en varias ocasiones que esta ley es un proyecto “profundamente anclado en los valores socialistas”.

Como reacción a esta ley y su aplicación en España nació la plataforma Más Plurales, que recogió más de dos millones de firmas en contra de la Ley Celaá y salió a las calles a manifestar su disconformidad en varias ocasiones.

Jesús Muñoz de Priego, portavoz de Más Plurales, declaró al diario ABC que proponer a Celaá como embajadora ante el Vaticano “está entre la provocación y la torpeza”, y aseguró que la exministra “se ha mostrado poco moderada, y muy poco dialogante, y no ha dudado en atacar la pervivencia de la asignatura de Religión y con ello la libertad religiosa, y a la [escuela] concertada”.

Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA) manifestó también a ese diario su sorpresa ante la propuesta del Gobierno socialista: “Pienso que los cargos diplomáticos tienen una fuerte carga de diálogo y búsqueda de consensos, algo que en la etapa de ministra de Educación, Celaá no lo demostró”.

Jesús Pueyo, del sindicato de profesionales de la enseñanza concertada, privada y atención a discapacidad (FSIE), también aseguró que Celaá no les parece la persona más adecuada para el puesto, especialmente por “su empeño en situar al Estado y las administraciones por encima de los padres con relación a sus hijos (tanto en relación a la religión como en el papel subsidiario que asignó en su ley a la enseñanza concertada)”.

En una de sus declaraciones controvertidas, Isabel Celaá declaró en enero de 2021 que “no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres. Hablamos de interés del menor, de los derechos constitucionales de los menores”. A lo que numerosos padres de familia respondieron en contra recordando que «los hijos no son propiedad de los padres como si fueran un libro o un móvil o algo así. Los hijos pertenecen a una familia porque tienen unos vínculos infinitamente más fuertes, más importantes duraderos y trascendentales de lo que pueden tener con cualquier comunidad, incluido el Estado. Porque la familia es anterior al Estado y más importante que la política”.

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