El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos que el Gobierno de Pedro Sánchez presentó contra las leyes Trans y de protección de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid, y ha suspendido varios artículos, como el que exigía a los menores trans informes y acompañamiento psicológico para iniciar un tratamiento de transición.
La suspensión cautelar automática viene impuesta por la Constitución y la LOTC cuando el recurso de inconstitucionalidad contra una ley autonómica lo plantea el Gobierno (art 161.2 CE y 30 LOTC). El Ejecutivo central llevó ante la corte de garantías diversos preceptos de esas dos normas autonómicas al considerar que vulneran la Constitución, son contrarios a los derechos fundamentales, suponen una «patologización» de los menores e invaden competencias exclusivas del Estado.
Primando el interés de los menores
Al admitir a trámite su recurso este jueves, el pleno del Tribunal Constitucional suspende la vigencia y aplicación de los artículos impugnados, entre los que figura el que abre la puerta al asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica, que el Ejecutivo estima que supone una excepción a la prohibición absoluta de las terapias de conversión.
El TC ya estaba estudiando la constitucionalidad de la ley trans madrileña, después de que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, recurriese el inciso que establece como «requisito necesario» para iniciar el tratamiento farmacológico que los menores «reciban apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil» y si existe comorbilidad -dos o más enfermedades al mismo tiempo-, recibir un informe médico favorable.
Como el Defensor, también el Gobierno cree que este precepto supone una «patologización de los menores» y choca contra los derechos reconocidos en la ley trans nacional. Al anunciar el recurso, la titular de Igualdad, Ana Redondo, consideró también «claramente discriminatorio» que la norma detalle que las personas trans pueden usar espacios o equipamientos «sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres».
Tras esta decisión, la presidenta madrileña ha defendido la constitucionalidad de la norma y el interés de los menores por encima de todo. «Nuestras reformas de las leyes Trans y LGTBI se han hecho desde el respeto a la Constitución», afirma Isabel Díaz Ayuso en X, antes Twitter. «Siempre primando el interés de los menores, para que en las decisiones irreversibles que tomen cuenten con la asistencia de profesionales«, añade.
Aquí puedes ver un análisis de la Ley Trans del Gobierno de Sánchez.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, también se ha pronunciado insistiendo en que es una «ley plenamente constitucional que responde al criterio de las sociedades médicas y de los profesionales, entre otros, de la pediatría y la salud mental«. «Este Gobierno regional va a proteger siempre a los menores, va a acompañarles junto a sus familias ante un proceso que puede ser irreversible y, sobre todo, para que primen los criterios profesionales y la ciencia frente a la ideología».
PUBLICADO ANTES EN «RELIGIÓN EN LIBERTAD»
More Stories
¿Mas allá?
Influencers, chicas duras y movimientos eclesiales, en un Congreso CyVP sin políticos
Munilla alerta del «regalo envenenado» que son los móviles: su diócesis actuará junto a las familias