El Papa se enfrenta a una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU por haber dado la autorización de escuchas ilegales de teléfonos, interceptación de correos electrónicos y detenciones sin mandato judicial durante el juicio por corrupción ante la venta presuntamente ilegal de una propiedad vaticana de 300 millones de euros en Londres.
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