Hace unos días se conocía que el alcalde socialista de Torrecaballeros (Segovia), Rubén García, se había enfadado porque el párroco de su pueblo le negó la comunión. El motivo fue que él se proclama públicamente gay activo y que convive con su pareja.
El obispado de Segovia respaldó al sacerdote porque «tanto si son homosexuales como heterosexuales, se necesitan unas condiciones objetivas de moralidad, y que la Iglesia tiene autoridad para negar la comunión cuando no se cumplan».
Ahora, es la ministra de Igualdad, Ana Redondo, socialista y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid, la que asegura que «las reglas eclesiásticas tienen que interpretarse a la luz de la Constitución«.
Por todo ello, el portal Peticiones Católicas acaba de iniciar una campaña de recogida de firmas para defender la libertad de la Iglesia frente a los ataques del Gobierno en las últimas horas. Puedes firmar en este enlace.
Esto es «claramente y abiertamente inconstitucional», pues en su opinión «no se puede discriminar a un ciudadano LGTBI y exigirle que opte o bien por su fe o bien por su condición sexual». Y, añadió: «Espero que haya denuncia y que se llegue hasta el Tribunal Constitucional y sea el Tribunal Constitucional el que aclare este asunto que para mí es diáfano».
Este sacerdote desconoce el Nuevo Testamento. Galatas 3:28: «Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo». La buena noticia del Evangelio es la fraternidad y el amor frente a toda forma de discriminación. https://t.co/iTy3kvI3kD
— Ana Redondo (@_anaredondo_) January 12, 2025
Según la ministra, esta semana se pondrá en contacto con la Conferencia Episcopal «para generar un diálogo» y exponer el «criterio» del Gobierno de que «estas acciones» son «claramente discriminatorias». Un criterio que, por lo manifestado en esta entrevista, consiste en que sea ella y no la Iglesia la que decida quién puede comulgar y quién no.
La ministra Redondo insistió en que esto lo resuelva el Tribunal Constitucional mediante una sentencia, no solo por violar el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, sino también el artículo 16 que garantiza la libertad religiosa, pues, según dijo, «no se está tratando de igual manera en relación a la fe y a la libertad ideológica y de conciencia: no se puede exigir a un ciudadano que decida si tiene libertad religiosa y de conciencia o si tiene libertad en su condición sexual. Creo que es una ponderación de derechos que tendría que valorar el Tribunal Constitucional. Las reglas eclesiásticas tienen que interpretarse a la luz de la Constitución«.
Puedes firmar la petición en este enlace.
«Llegados a este punto, los católicos tenemos que preguntarnos: ¿Quién es el Gobierno para interpretar la doctrina de la Iglesia sobre los sacramentos? ¿se mete acaso con las prácticas de otras religiones? Basta ya de querer entrometerse en la vida de los católicos y en las creencias de todos los ciudadanos», dice la campaña de firmas del portal Peticiones Católicas.
«El Gobierno no es quién para decidir la persona que puede comulgar. Lo verdaderamente inconstitucional es discriminar a los católicos por motivos religiosos, por entender que alguien no está en condiciones de recibir un sacramento», aseguran desde la web.
Puedes firmar la petición en este enlace.
PUBLICADO ANTES EN «RELIGIÓN EN LIBERTAD»
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