«Se castiga con reclusión de uno a cuatro años y multa de 10.000 a 25.000 euros a cualquiera que ingrese en el territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano con violencia, amenaza o engaño. Se considera que el ingreso ha tenido lugar ‘con engaño’ cuando se evitan fraudulentamente los sistemas de seguridad y de protección del Estado, o bien cuando se eluden los controles de frontera«.
Así reza el artículo 1 del decreto sobre «ingresos ilícitos» en el territorio vaticano, firmado el pasado 19 de diciembre de 2024 por el cardenal español Fernando Vérgez, presidente de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, quien ejerce el cargo desde octubre de 2021.
El artículo 2.1 considera «circunstancia agravante«, e incrementa la pena entre «un tercio y la mitad», si el ingreso ilegal se realiza de forma agresiva «o conjuntamente por varias personas«.
Dicho decreto desarrolla el artículo 16 de la Ley sobre Ciudadanía, Residencia y Acceso de 22 de febrero de 2011, que remite a normas ulteriores la concreción de las «sanciones» para quien la violen. El artículo 15 de dicha ley, por ejemplo, establece que «los ciudadanos o residentes en la Ciudad del Vaticano no pueden dar alojamiento a otras personas sin autorización del cardenal presidente de la Gobernación«. Hay que señalar que en el Vaticano viven en torno a setecientas personas con ciudadanía vaticana, y que buena parte de los alojamientos se disfrutan en régimen de concesión.
Peligros en la frontera
El decreto del 19 de diciembre se debe, según afirma el propio texto, a la «urgente necesidad» de establecer sanciones «para las violaciones concernientes al régimen de acceso».
Un control en el Vaticano por parte de la Guardia Suiza.
Se relaciona, por tanto, con incidentes como el del 18 de mayo de 2023, cuando un hombre con las facultades mentales alteradas se lanzó con su vehículo hacia el interior del Vaticano atravesando la puerta de Santa Ana y entrando hasta el Patio de San Dámaso, donde fue neutralizado por la Guardia Suiza, que disparó a las ruedas y detuvo al conductor.
Un año antes, el 19 de junio de 2022, se activó el protocolo de seguridad del Vaticano a consecuencia de la persecución policial a un vehículo, conducido por un albanés con antecedentes penales y bajo los efectos de las drogas, que huía de la policía italiana y rondó la Plaza de San Pedro y la Plaza del Santo Oficio, y acabaría siendo detenido cerca de la muralla vaticana.
Las fronteras del Estado vaticano están delimitadas por dichas murallas y por una línea imaginaria que uniría los dos hemiciclos de la Plaza San Pedro, plaza abierta al público y que es administrada por el alcalde de Roma por concesión histórica del Romano Pontífice.
PUBLICADO ANTES EN «RELIGIÓN EN LIBERTAD»
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