Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU ha solicitado a los gobiernos que adopten medidas para restringir la objeción de conciencia en hospitales y entre profesionales sanitarios. El informe subraya la obligación internacional de garantizar el acceso al aborto, describiendo la objeción institucional como «inadmisible» y una «violación de derechos humanos».
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