En el conocido como caso Gaztelueta, José María Martínez, laico, está sufriendo por parte de la Santa Sede de una aberración jurídica de primer orden. Martínez afirma que le «han despojado de un derecho que ni siquiera se le conculca a un criminal de guerra» y señala al cardenal Omella como una de las manos que están detrás de la persecución que sufre.
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