Tras una larga reunión en la tarde del lunes, en una Asamblea Plenaria extraordinaria en la que muchos obispos han participado por Zoom desde sus diócesis, la Conferencia Episcopal Española ha difundido de noche una nota de prensa valorando el llamado «Informe Gabilondo» sobre abusos a menores, presentado el pasado viernes 27.
Los obispos denuncian que la extrapolación de datos a partir de la encuesta que ofrece el informe «no corresponden a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan lealmente y con entrega de su vida al servicio del Reino».
«Duelen los abusos cometidos en la Iglesia, aunque sorprende también la extrapolación que se hace de los datos obtenidos en una encuesta adjunta al informe», dice la nota.
Los obispos consideran valiosos los testimonios de víctimas que recoge el informe y «las recomendaciones propuestas en este informe», que no van dirigidas solo a la Iglesia sino a otras instituciones sociales.
Los obispos dicen sumarse a la petición del Defensor del Pueblo que urge al Estado a aplicar esas recomendaciones. Las propuestas les parecen «convergentes» con otras que la Conferencia Episcopal trabaja «desde ya hace algún tiempo».
Señalan que el mismo informe confirma que los abusos son una lacra extendida en la sociedad. «Dejar de tener en cuenta la magnitud del problema y su dimensión mayoritariamente extraeclesial, supone no afrontar las causas del problema y perpetuarlo en el tiempo. Además, poner el foco exclusivamente en la reparación de las víctimas de la Iglesia, discriminaría a la mayoría de las víctimas, a las que convertiría en víctimas de segunda», afirma la nota.
Esa frase parece sugerir una propuesta más amplia de reparación, que atienda no sólo a víctimas en entornos católicos, sino en todo tipo de entornos, lo que necesariamente implicaría al Estado. En esta reunión, los prelados han decidido que sea el Servicio de Protección de Menores de la CEE quien vaya aplicando las recomendaciones sobre reparación, prevención y formación, con una serie de decisiones concretas que se implementarán en la asamblea plenaria de noviembre.
Sobre la auditoría encargada por Conferencia Episcopal al despacho Cremades & Calvo-Sotelo, cuyos resultados se han ido aplazando durante meses, los obispos han escuchado la solicitud y la motivación para la ampliación del plazo de su auditoría, que ha presentado el presidente del Despacho, Javier Cremades, y en la plenaria de noviembre decidirán sobre ella.
Los obispos españoles en la Plenaria Extraordinaria para hablar sobre el Informe Gabilondo de abusos a menores (convocada desde el viernes para reunirse el lunes. muchos obispos se conectaron por Zoom en modalidad online).
El sábado el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, ya avanzó en un mensaje en X (antes Twitter) que «las cifras extrapoladas por algunos medios son mentira y tienen intención de engañar». Sin embargo, reconocía que cada víctima «es un drama terrible a la que pedimos perdón y acompañamos». «Seguimos trabajando para acabar con esta terrible lacra en la Iglesia y en toda la sociedad. No nos cansaremos de pedir perdón a las víctimas y trabajar por su sanación», subrayó Omella.
La CONFER pondrá la extraña encuesta «en manos de expertos»
El dominico Jesús Díaz, presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) ha comentado en una entrevista en Radio Estel (del obispado de Barcelona) que la extrapolación que realizan los medios a partir de una encuesta «no nos convence en absoluto a los religiosos», que es un cálculo que se hace «de manera excesivamente gratuita» y que «nos parece difícil de asumir». Además, anuncia que «pondremos la encuesta en manos de expertos que nos den una visión más profesional».
La encuesta, con un margen de error del +/-1%, localizaba que casi 12 de cada 100 encuestados decían haber sufrido abusos sexuales en su minoría de edad, y que un 1,13% de encuestados los habría sufrido en entornos de la Iglesia Católica. Aunque con un margen de error de 1%, unos datos que afectan a un 1% son estadísticamente sin valor, la prensa hizo una rápida regla de tres a partir de los adultos que viven en España y calculó unos 440.000 víctimas de abusos en entornos católicos.
El religioso dice que la Iglesia está a disposición de las víctimas, con voluntad de «abordar esta realidad y evitar que se repitan estas cuestiones en el futuro». Sobre la reparación a las víctimas, considera que no basta con la escucha y el apoyo psicológico que ya ofrecen muchas diócesis. Preguntado por posibles compensaciones económicas, aunque dice que el daño causado es «económicamente irreparable», defiende que haya unos criterios objetivos para establecer las compensaciones. Cree que el «informe Gabilondo» sólo es un elemento más para ir «mejorando y aprendiendo» en la lucha contra los abusos.
El obispo de Ibiza señala errores del informe
El «informe Gabilondo» asegura que «un grupo de obispados no suministró prácticamente información de los casos que reconoce, ni sobre agresores, ni víctimas, ni abusos, ni lugar o tiempo. Son las diócesis de Sant Feliu de Llobregat, Almería, Menorca, Ibiza, Mondoñedo-Ferrol y Vic».
A esto ha respondido con una nota larga y muy difundida en prensa el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, asegurando que la diócesis cooperó activamente y envió por duplicado toda la información solicitada. El informe parecía indicar que la diócesis ibicenca no respondía sobre 2 casos de sacerdotes. El obispo Ribas declara que «para responder a los requerimientos del Defensor del Pueblo, determiné que yo mismo daría cuenta de las denuncias de abusos que se habían recibido en este obispado desde el año 1950. Y encargué a la Oficina Diocesana de Protección al Menor la respuesta a los dispositivos y protocolos por ser la encargada de ello y estar lo pedido en el marco de su actuación».
Así, el obispo escribió al Defensor del Pueblo que desde 1950 la diócesis solo ha recibido dos denuncias. Una se presentó en 2011, la justicia civil la desestimó enseguida por incongruencias y falta de pruebas y el proceso canónico, más exhaustivo, llegó a la conclusión de que era una denuncia falsa contra un sacerdote, director de un colegio, cuyo buen nombre quedó manchado sin reparación alguna. La otra denuncia se presentó en 2020, aún está pendiente de juicio civil, y el sacerdote denunciado pidió dispensa a Roma perdiendo su estado clerical.
Cuando el Defensor del Pueblo pidió más datos (lugares, víctimas, etc) el obispo respondió que en el primer caso, al ser denuncia falsa, no hay víctimas, aunque indica el año y cargo, y que el segundo está bajo secreto judicial (civil). Sobre un supuesto tercer caso en Ibiza que señala El País, el obispo no sabe nada, y detalla que los casos sobre capellanes castrenses, aunque sucedan en Ibiza, corresponden al arzobispado castrense. El obispo añade que a la hora de difundir datos «no puedo saltarme lo que dicta la ley (ni la civil ni la canónica), ni lo que pide el bien de las personas, ni lo que sugiere la prudencia».
El obispo de Ibiza también comenta el uso de la encuesta. «Lamento profundamente las conclusiones y especialmente las extrapolaciones que tan libremente ha hecho el Defensor del Pueblo de lo que son unos datos concretos y de una encuesta realizada sobre una base poblacional tan limitada y a la que se ha encuestado de una manera tan genérica«, protesta. Y pide «que esta investigación ayude a detener esta lacra de los abusos sexuales a menores en todos los ambientes en los que estos se producen, que no sólo es el eclesiástico ni es, con todo, el mayoritario».
El análisis de E-Cristians: una «causa general» contra los católicos
Por su parte, la asociación católica E-Cristians, que durante 2022 y 2023 difundió varios informes críticos contra la investigación del Defensor del Pueblo (por no ser su función y por ser discriminadora contra los católicos), ha publicado un primer análisis del informe considerándolo «una causa general» contra los católicos.
«Ceñir la investigación solo a entornos católicos es incurrir en una “Causa General” y en un juicio por razones políticas, con el Congreso como escenario», denuncia la asociación. «Imaginemos que donde el Congreso y el Informe mencionan ‘Iglesia Católica’ se leyera cualquier otro grupo social (por ejemplo: socialistas, gitanos, escuelas concertadas, homosexuales,…) y se verá su dimensión de discriminación injusta a un colectivo. Queda claro que se desvían las funciones de una institución pública (el Defensor) y así crece la degradación de las instituciones políticas».
E-Cristians recuerda que el Defensor del Pueblo existe para investigar a los poderes públicos y las administraciones, no a la Iglesia o entidades privadas. El organismo intenta disimular que ha realizado una investigación sin atribución para ello diciendo que también investigaba «el papel de los poderes públicos» (la expresión «poderes públicos» aparece más de 80 veces en 800 páginas), pero «la estructura misma del informe muestra con claridad que no busca investigar a las administraciones públicas, sino a los católicos y sólo a los católicos«.
Y añade que la única justificación que da el informe para investigar a las entidades católicas son «los cinco años de campaña del periódico El País, de la que incluso alardea en su edición del sábado 28 de octubre, afirmando que sin su campaña el informe no se hubiera producido. Por tanto, el Defensor del Pueblo es una institución del Estado que ha actuado a instancias del complejo ideológico formado por El País, el PSOE y el Gobierno, con la colaboración (innecesaria) del PNV».
El informe Gabilondo encontró 27 víctimas del siglo XXI
E-Cristians señala que en realidad la oficina del Defensor del Pueblo sólo ha aportado «405 entrevistas con presuntas víctimas, de las que en realidad solo 360 eran víctimas efectivas porque las 45 restantes se referían a casos de terceros que decían conocer». Víctimas del siglo XXI, sólo han encontrado 27. Hay que recordar que la Iglesia en España cuenta con 23.000 parroquias y casi un millón y medio de menores en sus centros escolares.
Mientras en décadas recientes en los juzgados españoles se multiplican los casos de abusos sexuales, los casos recientes que implican a clérigos son escasísimos, lo que parece indicar que la Iglesia «ha resuelto razonablemente bien su problema, pero las instituciones sociales, el Estado y sus gobiernos no lo han hecho».
E-Cristians destaca que el Defensor ya sabía que el porcentaje de abusos ligados a entornos católicos era muy pequeño, por ejemplo, por «los datos recogidos por la Fundación ANAR durante diez años (2009-2019), de que los agresores sexuales contra menores ligados a entidades de la Iglesia (clérigos o trabajadores laicos) eran entre el 0,2 y 0,4% del total de agresores sexuales en España».
E-Cristians señala además que «España ha sido el único país del mundo donde el poder político, es decir, los partidos, encargan una investigación sobre abusos en la Iglesia Católica y solo en la Iglesia Católica. En Alemania el parlamento encargó investigar abusos en todos los ámbitos sociales. En Australia, en todas las religiones, no solo en la católica».
E-Cristians lamenta que el informe haya ignorado toda la información que esta asociación le remitió, así como su petición de ampliar su investigación más allá de los entornos católicos.
Datos del sondeo sobre abusos del Informe Gabilondo.
«Las 440.000 víctimas son un invento de El País»
E-Cristians también denuncia que la cifra de «las 440.000 víctimas es un invento de El País. Es una cifra que en ningún momento aparece en el Informe del Defensor del Pueblo si bien permite que lo haga El País, sin desmentir la burda manipulación». La asociación católica considera «muy grave que haya medios de comunicación que publiquen la cifra de los 440.000 como si la diera el Informe del Defensor del Pueblo. Así lo hacen medios importantes como La Vanguardia o TV3. Así engañan a sus lectores».
La asociación católica señala una serie de razones por las que el sondeo sería ineficaz para estudiar la prevalencia de abusos en la sociedad española, y no es la menor que no hay forma de verificar la veracidad de las respuestas, la fiabilidad del recuerdo (es gente que dice recordar haber sufrido abusos, y recordar dónde o por parte de quién) además de carecer de preguntas de control necesarias, y dudas sobre la representatividad de la muestra. El sondeo no especifica las preguntas exactas que ha hecho a los encuestados, ni qué es lo que se define como abusos.
E-Cristians pide «que la encuesta se someta a un examen de pares a cargo de expertos independientes no designados por el Defensor del Pueblo».
¿De verdad 12 de cada 100 adultos sufrieron abusos de niño?
Pero además, señala E-Cristians, si casi un 12% de los adultos en España recuerdan haber sufrido abuso sexual en su minoría de edad, si cientos de miles de ellos lo sufrieron en entornos de escuela pública o concertada laica (9,6% de los abusados) o entornos deportivos (3% de los abusados), un 18% en la vía pública, etc… ¿no debería la prensa, el Gobierno y las instituciones volcarse también en todos esos cientos de miles de casos?
E-Cristians apunta que al menos «las entrevistas confirman que la cuestión decisiva de los casos producidos en ámbitos eclesiales es la existencia, en algunos de los miembros de la Iglesia, de tendencias homosexuales, mucho más frecuentes a mitad del siglo XX que en este siglo. Este problema, que desvirtúa la realidad del delito, que en la sociedad en general afecta mucho más a niñas, ya fue apuntado con prudencia en el informe de E-Cristians».
Por último, E-Cristians considera que «las medidas que propone el informe son rotundamente insuficientes y son un fracaso, como el propio trabajo de más de 700 páginas». En eso E-Cristians parece más crítica que la Conferencia Episcopal que parte de una apreciación positiva de las medidas.
«Pedimos un gran debate social sobre la pederastia en la sociedad, también en la Administración del Estado, y sobre cómo combatirla», afirma la asociación, esta vez en plena sintonía con los obispos.
Lea completa la crítica de E-Cristians AQUÍ.
PUBLICADO ANTES EN «RELIGIÓN EN LIBERTAD»
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