La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) avalando el aborto seguirá por mucho tiempo, no solo permitiendo el asesinato legal de inocentes, sino provocando dolor e indignación entre los defensores de la vida.
La Asamblea de Asociaciones por la Vida y la Dignidad, compuesta por más de 130 asociaciones provida de España, ha decidido denunciar ante Europa la última sentencia del TC sobre la ley del aborto.
La queja fue presentada el pasado 7 de octubre ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y entre sus firmantes se encuentran entidades como One of Us, el Foro de la Familia, ACdP o la Asociación Neos. Para los providas, algunos miembros del Tribunal no se abstuvieron a pesar de haber expresado previamente opiniones favorables a la ley del aborto.
Se negaron a recusarse
Cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos ex ministros del presidente Pedro Sánchez, se negaron a recusarse, a pesar de las advertencias presentadas en su contra. Hay que recordar que el principio de imparcialidad se encuentra establecido en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y en los artículos 24, 103.3 y 117 de la Constitución Española.
El recurso de inconstitucionalidad de la ley del aborto estuvo aparcado durante más de 12 años por el Tribunal Constitucional y hace unos meses, al cambiar las mayorías en favor del Gobierno, se ha solventado por la vía rápida negando que haya ningún conflicto con la Constitución y la defensa de la vida.
En junio de 2023 se anunció que se presentaría esta queja en una rueda de prensa, en la que estuvieron presentes diferentes líderes provida, abogados y ex políticos. El jurista y doctor en derecho Francisco La Moneda, recordó entonces que, el pasado 16 de marzo, «por primera vez en la historia democrática, la sociedad civil presentó un escrito de queja ante el TC solicitando que los magistrados incursos en causas de recusación fuesen apartados de este procedimiento y nunca se tuvo respuesta«.
El jurista aseguró que en el ordenamiento jurídico español «no existe un presunto derecho al aborto y ha defendido que, más allá de eso, la labor del Tribunal Constitucional es interpretar la ley pero no establecer derechos».
Por su parte, el exministro del Partido Popular Federico Trillo comentó que «han demorado 13 años en responder al recurso a la sentencia sobre el aborto porque estaban esperando a tener un tribunal conformado por personas que lo defienden«.
El jurista Benigno Blanco, y ex presidente del Foro de la Familia, criticó que se ha privado al país de «contar con jueces imparciales para decidir sobre un derecho fundamental: el derecho a la vida. Hagamos cada uno que en nuestro entorno crezca el compromiso de la vida, el valor de la maternidad y la vida del niño no nacido».
Puedes ver aquí un coloquio sobre los peligros de la ley del aborto vigente en España.
«En la sentencia del 2023 hay cuatro jueces claramente marcados por su falta de Imparcialidad que han dictado una sentencia manchada por su parcialidad (…). La defensa de la vida frente al aborto no es patrimonio de los católicos. El ‘no matarás’ es para todas las personas», dijo el exmagistrado y exvicepresidente del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas.
PUBLICADO ANTES EN «RELIGIÓN EN LIBERTAD»
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