«El sistema jurídico que regula el delito de aborto en el Código Penal Federal es inconstitucional por ser contrario al derecho a decidir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar». Los jueces del más alto tribunal mexicano se han arrogado la facultad de forzar a que se cambien las leyes provida aprobadas en todo México. Los magistrados no respetan la separación de poderes y se inventan un derecho que no existe en la Constitución del país.
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